La Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó el proceso porque incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.
Con la decisión el proceso vuelve a foja cero. La falta de cumplimiento en el requisito de equidad de género, indígena y de número mínimo de postulantes provocaron que la Sala Constitucional de Pando declare desierta la convocatoria a elecciones judiciales a nivel nacional para conformar el Tribunal Supremo de Justicia, informó el diario capitalino Correo del Sur.
Caero también objetó que entre las postulantes al TSJ por Pando se haya incluido a Silvia Clara Zurita Aguilar de Cochabamba. Eso lo hizo la Comisión Mixta de Constitución, que estuvo a cargo de la preselección de candidatos al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por esta razón, la Sala Constitucional considera que no se alcanza el número mínimo requerido de postulantes por departamento, impidiendo una votación en igualdad de oportunidades.
El parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 refiere que en el caso que el número de postulantes en relación a cada Tribunal y Consejo de la Magistratura sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir con las exigencias constitucionales de género y plurinacionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta correspondiente en las etapas del proceso.Ésta declaración corresponderá por cada Tribunal y/o Consejo de la Magistratura de manera independiente.
“En el caso de declararse desierta la Convocatoria del Proceso de preselección para alguna de las cuatro instituciones objeto de esta Ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará nuevamente al proceso de preselección que corresponda”, apunta el parágrafo segundo del mismo artículo.
El accidentado proceso de preselección de candidatos en el Legislativo concluyó a inicios de agosto y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó el 13 de agosto a las elecciones judiciales para el 1 de diciembre, con el fin de conformar las magistraturas del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ya el lunes, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe alertó que paralizar las elecciones judiciales significaría un grave riesgo para la democracia y también una pérdida económica para el Tesoro General del Estado, porque ya se ejecutaron más de Bs 55 millones de los Bs 183 millones que demanda esta tercera elección judicial del país.
