martes, 23 julio,2024
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Defensoría del Pueblo identifica más de 400 matrimonios de menores entre 12 a 15 años e índices elevados de embarazos de niñas desde los 10 años

Esta jornada el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro presentó el Informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, el cual analiza la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes mujeres a causa de matrimonios y uniones infantiles forzadas además del embarazo en menores bajo similares características dentro del territorio nacional.

De acuerdo al informe planteado se evidenció que desde el 2014 a septiembre de 2023 el país registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años, de los cuales, el 38% son de adolescentes de 16 años y el 62% de adolescentes de 17 años.

A través de los datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), se constató la existencia de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la promulgación de la Ley N.° 603, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años, indica parte del informe.

Conforme los datos del Ministerio de Salud y Deportes, desde la gestión 2015 a septiembre del 2023 se registró 458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres, evidenciándose una clara tendencia de disminución del embarazo en niñas y adolescentes mujeres a nivel nacional, la cual llega al 57% en relación a los datos registrados desde el 2015 al 2022. En 16 municipios existe un alto porcentaje de embarazos de niñas y adolescentes mujeres de 10 a 19 años, superior al 35% del total de embarazos registrados en cada municipio durante la gestión 2022.

A nivel nacional se cuantificaron 10 municipios con 35 embarazos de niñas entre 10 y 14 años durante el 2022, entre las que se encuentran cinco municipios del área rural: Riberalta, Montero, Guayaramerín, San Borja y San Ignacio de Velasco.

En particular, es alarmante que el municipio de Riberalta ocupe el tercer lugar a nivel nacional con 79 casos, por detrás de Santa Cruz (428) y Trinidad (144), así como los registros del municipio de San Javier (Beni) en el cual los embarazos de niñas de 10 a 14 años representan el 40% del total de embarazos a nivel municipal.

Además, se realizó un cruce de datos tomando en cuenta el registro de embarazos y los casos de violación de niñas y adolescentes registrados por el Ministerio Público, con el objetivo de identificar municipios en los cuales –y con gran probabilidad– los embarazos sean producto de una violación sexual.

Los resultados apuntan a nueve municipios que superan el 20% de probabilidad en cuanto a los embarazos de niñas o adolescentes como producto de una violación: Guanay (46.81%), Portachuelo (40.98%), Cuatro Cañadas (37.04%), Monteagudo (29.03%), Chimoré (27.78%), Caranavi (22.88%), Viacha (22.68%), Punata (22.33%) y Yapacaní (21.46%).

Ante esta situación, la institución defensorial realizó recomendaciones a diferentes instituciones nacionales, entre las que destacan: incidir para que los gobiernos autónomos municipales identificados con un índice superior al 16.5% de embarazos en niñas y adolescentes realicen la reasignación de presupuestos para la disminución de estos índices como una medida vinculada con el cumplimiento del art. 23.III del Código Niña, Niño y Adolescente; fortalecer la atención en los servicios de salud en los municipios que registran mayor cantidad de embarazo de niñas de 10 a 14 años, además de orientar sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo, y derogar el artículo 139.II y III y artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. /Radio Fides/

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