En 337 inspecciones móviles en haciendas y estancias ganaderas, aserraderos, fábricas y otras unidades productivas de Santa Cruz se evidenció la vulneración de los derechos labores de 233 trabajadores, de los que 123 lograron la restitución de sus derechos y el pago de un total de Bs 196.000.
El jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, Miguel Justiniano, informó de las inspecciones y de los resultados logrados, como parte de la lucha contra la vulneración de derechos fundamentales, específicamente relacionados con el trabajo infantil, trabajo forzoso y trata y tráfico de personas en el ámbito rural y urbano.
Para cumplir con este objetivo, también se tiene oficinas móviles del Ministerio de Trabajo en Guarayos, Cabezas, Charagua y Puerto Suárez, cita un boletín institucional.
“Nuestros inspectores visitan estancias ganaderas, fábricas y aserraderos para verificar las condiciones laborales, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales. En caso de incumplimiento, los empleadores enfrentan sanciones económicas o judicialización por infracción a la ley social”, explicó.
En los municipios de Guarayos, Cabezas, Charagua y Puerto Suárez se identificó que los trabajadores carecen de contratos de trabajo, no se cumplen las condiciones laborales adecuadas, el salario mínimo no es respetado, y la jornada laboral de ocho horas no es garantizada.
También se fue detectado casos de trabajo en condiciones de servidumbre.
“La presencia del Estado, a través del Ministerio de Trabajo, es fundamental para garantizar la protección de los derechos laborales. En Santa Cruz, contamos con una jefatura departamental y tres jefaturas regionales: en Camiri, Montero y Puerto Suárez”, informó.
Los trabajadores pueden acudir a cualquiera de las jefaturas de Trabajo si consideran que sus derechos son vulnerados. Las oficinas móviles permiten extender esta protección a las áreas más remotas del departamento.
El Ministerio de Trabajo tiene el compromiso de erradicar la vulneración de derechos laborales y asegurar condiciones dignas para todos los trabajadores, explicó el inspector de la Unidad de Derechos Fundamentales, Pablo Quintanilla, quien encabezó las oficinas móviles. /ABI/
