Tras muchas denuncias de irregularidades en la administración de los cementerios municipales y con la finalidad de sanear su situación de los campos santos, se realizó una reunión técnica en el Concejo entre los concejales Manuel Saavedra y Luis Alberto Vaca y representantes del Ejecutivo edil.
En ese diálogo, el concejal Vaca pidió explicaciones sobre si la alcaldía cumplió con la pausa administrativa que instruyó el Organismo Deliberante en dos oportunidades, en noviembre del 2024 y el 10 de marzo de 2025, cuando el pleno recibió la Petición de Informe Oral (PIO) del nuevo director, Michele Sebastián Gutiérrez.
Una de las funcionarias, indicó que la medida se la cumplió de forma parcial, ya que las personas que tienen avanzado el trámite en los 26 cementerios municipales el proceso continúa, pero se ha frenado las nuevas concesiones.
El pasado 10 de marzo, Gutiérrez admitió que falta sanear los planos para concretar las planimetrías, documento que garantiza el derecho propietario de los usuarios y eso pasa por la aprobación del Concejo Municipal, pero los Concejales nunca recibieron la documentación para su tratamiento.
El actual director de la Unidad Desconcentrada de Cementerios, comentó que están regidos bajo la Ordenanza Municipal 27/90 y la Ley Autonómica Municipal 92/2015, que modifica la anterior norma, en la que establecen los parámetros principales para el uso y administración de los bloques de nichos y osarios, pero que nunca se reglamentó.
Sin embargo, hay una serie de denuncias de vecinos que asistieron en Audiencia Pública en el Legislativo Local, sobre supuestas extorsiones por parte de funcionarios municipales e incluso que han perdido sus mausoleos por resistirse a los pagos excesivos.
Como es de conocimiento público, el concejal Saavedra el 17 de junio de 2022, ya formalizó denuncia contra algunos funcionarios municipales de extorsión con los vecinos para que no los reviertan sus espacios en los cementerios, por los delitos de Asociación delictuosa, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos, uso indebido de bienes y servicios públicos.
Han pasado casi tres años y la situación no ha cambiado mucho y las denuncias persisten, por ese motivo y con la intención de frenar estos hechos irregulares, se acordó una nueva reunión para fines de marzo con representantes del Ejecutivo Municipal y los Concejales.
